Para nadie es un secreto la opinión adversa que el Señor Presidente tiene de todos los docentes del Perú, basta que estén representados por el SUTEP o la FENDUP. Tal vez, la única discriminación que haga es la de los profesores con carnet de su partido, aunque como esto no lo dice, lo más probable es que ni siquiera esté haciendo esa separación. Pero lo cierto es que ese odio visceral que manifiesta cada vez que se refiere a los docentes del Perú, me hace pensar en la tristemente célebre frase del ministro nazi que decía: “Cuando oigo hablar de cultura, echo mano a mi revólver”. Porque sólo una concepción de ese tipo (nazi-fascista) se puede dar el lujo de manifestarse en opiniones tan sesgadas, unilaterales y esquemáticas como esa de decir que los docentes son unos comechados e incapaces, olvidando que él es producto de esos docentes, y más aún si su propia madre lo fue.

Es cierto que no todo en la docencia es decencia porque eso “ocurre en las mejores familias” -como lo grafica esta frase, de origen popular-. Pero es esa una situación común a todas las profesiones e instituciones. Y en tanto se trata de hacer homologaciones, por poner un ejemplo, pregunto: ¿se puede decir que todos los congresistas merecen serlo?

Por eso es pertinente aclarar que cuando se dice que los docentes universitarios se oponen a ser evaluados, eso es falso. En verdad, se están tergiversando los términos. La oposición es a que esa evaluación sea utilizada como mecanismo de eliminación de “enemigos políticos”. Porque el problema de la homologación se ha trasladado de su ámbito natural que era el estrictamente legal-laboral, al ámbito político. Las declaraciones presidenciales no tienen otro cariz. Y es falso que los docentes universitarios nos opongamos a ser evaluados, porque esa evaluación ya está contemplada en el desempeño laboral de la educación superior. Las tres categorías docentes de la Universidad Peruana: auxiliar, asociado y principal, se someten a un proceso evaluativo de ratificación y promoción, cada tres, cinco y siete años, respectivamente. Eso implica que cada docente debe prepararse para realizar dichas acciones de ratificación y promoción o ascenso. En caso de no hacerlo, se corre el riesgo de ser descendido a la categoría inmediata inferior, y -en el primer caso- del profesor auxiliar a ser separado de la institución.

Pero esa preparación corre a cuenta del propio docente. Porque el presupuesto que el gobierno da a las universidades no permite que éstas sufraguen los costos de los estudios de postgrado o de actualización que permitan a los docentes “no sólo ser decentes sino también parecerlo”. Y la regla general en la docencia universitaria es la tendencia a elevar su nivel profesional. Por eso es que pedimos el cumplimiento de la Ley, que nos permita acceder a un sueldo justo para cubrir esa necesidad de idoneidad profesional que se nos exige, pero para cuyo logro no se dan los medios mínimos necesarios. No se piensa en los grandes sacrificios que deben hacer los docentes (con sueldos de 800, 1,400 y 2,000 soles) para elevar su calidad, si quien lo exige hace oídos sordos a la Ley, y pretende agregar a ésta una evaluación que ya existe. Y ese “agregado” ha resultado ser el pretexto para que no se nos cancele durante todo el año 2007 el concepto de homologación, con el agravante de ser agraviados, por ello, con los epítetos de comechados, incapaces, ineptos, etc. Pregunto: esa misma exigencia de evaluación (impuesta, fuera de la ley) ¿se les hace a los congresistas, a los burócratas de la administración pública (secretarias y asesores con sueldos elefantiásicos) y al mismo Señor Presidente? ¿Acaso se exige maestría y doctorado a los magistrados del Poder Judicial? Y a nosotros, que pedimos la homologación con ellos, sí se nos exigen postgrados, que debemos realizar con esos sueldos irrisorios, no homologados.

La decencia y la docencia son connaturales a los profesionales de la educación. Esos son atributos que no los da ningún diploma de postgrado. Y el hecho de que en la Universidad Peruana (como en otras instancias de la administración pública) existan corruptos con diplomas de docencia sin decencia, no autoriza a nadie (menos a la máxima autoridad de la nación) a agraviar a todos o a la inmensa mayoría de los docentes decentes del Perú.
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