Pero cuando se les increpa que no ha debido esperar siete años y que lo traigan a la fuerza para “demostrar su inocencia”, sino que -en lugar de huir, como rata que abandona el barco- debió comparecer, de motu proprio, ante el Poder Judicial, entonces, sale a relucir el otro argumento (defendido con tanto ardor por las Marthas): “No había ni hay ninguna garantía de limpieza por parte de ese Poder Judicial.” Pero nótese que quien lo dice es el (o son los) causante (s) del descalabro institucional en todo el Estado, no sólo del Poder Judicial.
Sería contradictorio, de mi parte, ponerme a defender a ese Poder Judicial que, así, en general, no inspira ninguna confianza. Pero bien se sabe que las generalizaciones resultan, al final, parciales e injustas. Porque toda regla tiene su excepción. Y, si se admite la convivencia en una sociedad imperfecta, tenemos que aceptar las normas mínimas que la libran de caer en la absoluta barbarie, es decir, en la impunidad.
De admitirse el argumento del reo y sus cómplices, de negarse a ser juzgados por un Poder Judicial considerado corrupto, tendría que hacérselo extensivo a todos los ciudadanos (incluidos los más avezados delincuentes). Y eso es equivalente a caer en el anarquismo que, como se sabe, es una corriente política (de gran influencia en el siglo XIX -con pocos representantes hogaño) que propugnaba la libertad absoluta del ser humano, lo cual obligaba a no aceptar ninguna tutela social. Estado, gobierno, instituciones, leyes, eran rechazados de manera apodíctica. Tanta era la aversión de los anarquistas a las leyes, que llegaron al extremo de -se cuenta- haber legalizado su credo en un “Código anarquista” cuyo primer artículo decía: “Estamos en contra de toda ley”. Pero, como alguien les hizo ver la flagrante contradicción en que estaban incurriendo, agregaron un segundo artículo que decía: “Queda derogado el artículo primero”.
Repito yo no voy a defender “a fardo cerrado” al Poder Judicial, porque he hecho lo contrario en sendos artículos de esta columna periodística; de lo cual no me duelo ni lo digo con cautela, a pesar de que soy un litigante acérrimo, como defensor de la legalidad en la administración pública y creyente en la justicia para una convivencia social sana. Conozco, pues, las flaquezas de muchos jueces, aunque también la probidad de otros. Y sé que el litigar en el Poder Judicial casi se ha convertido en un juego de azar. Pero es la única alternativa que se tiene para dirimir lo justo y lo injusto de las relaciones humanas. Porque la Justicia es la única garantía de la moralidad social. Se explica que el reo Fujimori proclame su desconfianza de la institución judicial, no sólo porque es parte de su estrategia leguleyesca, sino porque él -mejor que nadie- sabe de lo corrupta en que la convirtió.
Pero que un actual “padre de la patria” lo diga, es poco menos que un acto contranatura. Los hijos de la patria no sigamos esos malos ejemplos. Y, por ser libres, seamos críticos de las instituciones de la patria, pero no seamos destructores de su institucionalidad.
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