La pregunta del título no es sólo un juego de palabras. Es el trasfondo del conflicto generado por la intransigencia y la soberbia de unas autoridades cuya idiosincrasia no se caracteriza -precisamente- por la tolerancia o la modestia. Nadie debería olvidar que la lección que nos dejaron las últimas elecciones para cambio de gobierno fue el reclamo casi unánime de: “respeto a las mayorías excluidas”. Todos los gobiernos anteriores (por lo menos en el siglo XX, y en este siglo se ve que seguimos igual) nunca actuaron con criterio integracionista: que los millones de peruanos que viven en la pobreza (la inmensa mayoría, como metaforizaba Nazim Hikmet) no se sientan extraños en su patria, que la marginación no se ensañe con ellos en muchas facetas de su existencia: social, económica, política, cultural, educativa, de salud y, ahora, de medio-ambiente (aunque esta sea una redundancia porque “medio” es sinónimo de “ambiente”). Que deje de considerarse en la práctica que sólo existe la costa como paradigma de civilización, y que el resto es barbarie, llegando a considerar que la sierra y la selva están allí como postales decorativas, como telón de fondo para el momento de hinchar el pecho y cantar “tengo el orgullo de ser peruano”. Volviendo a la pregunta del título. Se necesita tener muy poco criterio para suponer que el pueblo (los pobres, especialmente) “no aceptan la mina porque su ignorancia ha sido manipulada por los agitadores comunistas y religiosos”. Ese es un absurdo, indigno de cualquier ciudadano y, con mayor razón, de toda autoridad. La reacción de las poblaciones campesinas involucradas en el conflicto (lo percibo así) obedece a saberse ninguneados, verse convertidos en la última rueda del coche, sentirse considerados como un cero a la izquierda. Ellos, que ven cómo se está invadiendo su hábitat y no se les permite expresar la más mínima opinión acerca de esa invasión. Y aquellos que viven a cientos de kilómetros (con la soberbia que sólo la da la insensibilidad del ciego) quieren seguirles negando ese derecho (¡constitucional!) de opinión. Ellos ¿han dicho estamos contra la minería? No. Han dicho: “queremos ser parte de la solución, porque también somos parte del problema”. Queremos que se nos garantice que no va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con otras regiones no sólo de nuestro país sino del mundo, en que el ambiente queda totalmente aniquilado (en toda su biodiversidad). Porque la mina no va a convertirse en “solución alternativa” para solventar la vida de los miles de peruanos que viven en esa zona. ¿Qué va a ser de ellos cuando -por una no asegurada protección ambiental- se queden sin tierras cultivables, con aguas contaminadas, con vida destruida? El Señor Presidente dijo: “Que los curas extranjeros se vayan a hacer la revolución a su país y que no vengan a hacerla acá”. Pero nunca dijo: ‘Que los chinos de la Majaz se vayan a seguir explotando a los trabajadores de su país y que no vengan a hacerlo acá en Piura’ (como ya lo hacen en Marcona).

Otros argumentos falaces traían a colación a la minería informal, que igual destruye el ecosistema, para censurar a quienes -en los términos aquí planteados- se oponían a esa explotación formal, pues se decía que en ese caso de los informales no había protesta ni reclamo. Y eso es un sofisma (mentir a sabiendas que se miente). Porque en esa misma televisión (que cerró filas en contra del NO) he visto difundir noticias en que se manifiesta el rechazo a esa informalidad por parte de los mismos sectores satanizados por la falacia. “El criterio es un medio para conocer la verdad” (Balmes). Usémoslo.
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