Algunos servidores públicos que llegan a tener cargos no saben que “la ignorancia de la ley no enerva, no ablanda, no debilita su cumplimiento”. Y como el “no saber” es ignorancia, esos servidores públicos –convertidos en funcionarios, por los cargos, no por sapiencia– devienen ignorantes, y piensan o creen que por ello son inimputables, y atropellan la ley de manera reiterada y, digamos mejor, reincidente, porque en muchos casos son atropellos delincuenciales.

En un artículo anterior a éste, traté el mismo tema (el atropello a la ley) relacionándolo con la Universidad Nacional de Piura. Ahora voy a ser más puntual, la relación va a ser con la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la misma Universidad, en la que los atropellos a las normas legales que rigen la vida universitaria es pan de todos los días. Y esto no es de ahora (aunque en los últimos tiempos la situación se ha hecho patética, es decir, lastimosa, conmovedora, o sea que hasta da ganas de llorar… pero de cólera). Para muestra, un botón.

El ingreso a la docencia universitaria es algo que está sujeto a las propias normas de la Universidad (Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos respectivos), pero también a toda la legislación administrativa, especialmente la que tiene que ver con el tema del ingreso a la administración pública, es decir, la Ley N° 276, y su Reglamento, el D. S. 005-90-PCM. Y todos estos cuerpos normativos prescriben que ese ingreso se hace por concurso (ya sea público o interno, pero siempre previo concurso) para evitar –justamente– la corrupción: por la que los funcionarios hacen ingresar a sus allegados, no necesariamente los profesionales más idóneos, aunque de hecho pueden ser los más proclives a apoyar la corrupción, porque entran debiéndole un favor al corrupto mayor.

Pero ocurre que en las Universidades públicas inventaron una modalidad: “contrato por invitación”, porque el gobierno central –por restricciones económicas– prohibía nuevas contrataciones. Pero, a partir de la década del noventa del siglo pasado, durante el nefasto gobierno fujimorista que decretó el espíritu de lucro en todo el sistema educativo, así como surgieron escuelas y colegios privados como hongos en todo el país (igual que universidades privadas), las universidades públicas se pusieron a tono y no sólo se implementaron filiales, sino también centros productivos de toda índole, lo cual les permite tener recursos propios (de los cuales, dígase de paso, no rinden cuenta al Estado) porque los recursos que les daba el Estado disminuyeron –siempre a partir del fujimorato. Entonces, para cubrir la demanda docente se inventó el “contrato por invitación”, mediante resoluciones internas, que son normas de inferior jerarquía y que, obviamente, no anulan las leyes superiores (mencionadas arriba): o sea que, de todos modos, esos contratos tienen que hacerse por concurso; no público sino interno, pero “invitando a los mejores exalumnos de cada Facultad”.

Sin embargo, lo que ocurre en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Piura es que realizan esos “contratos por invitación”, pero sin concurso. Y los docentes nos enteramos de eso cuando vemos “caras nuevas” fungiendo de catedráticos, sin el requisito de la idoneidad profesional que sólo lo dirime el concurso por oposición, es decir que, entre varios postulantes, gane el mejor. No, ahora se hace a dedo, con la sola decisión del decano (en este caso, decana). Y vemos que está de docente una señora que fue pésima alumna, que es sobrina de uno de los jefes de la mafia en la Universidad, y que ya había perdido un concurso anterior (después del cual no se ha vuelto a hacer ni siquiera un simulacro de concurso).

Es decir, algunos profesores de la Facultad (no todos, felizmente, pero entre aquellos la decana), creen que la Universidad y la Facultad tienen la misma organización que los colegios particulares, en los que, pues, los directores hacen y deshacen de acuerdo a su antojo, y basándose en su ignorancia de las normas las atropellan con el mayor desparpajo, porque la autoridad superior (Rectorado y Consejo Universitario) para eso no tienen injerencia en el accionar de las Facultades (aunque sí la tienen cuando de repartirse sus ingresos por recursos propios se trata), y dejan hacer y dejan pasar, como si las normas estuvieran escritas en papel higiénico.

Pero, la ley es la ley; y es dura, pero es la ley. Y la ley que debiera ser más dura, es la de la conciencia. Una ley que no nos haga caer en la anomia, es decir, ese estado en que las normas se ignoran como si eso fuera lo normal. Y lo otro, el respeto a la ley, lo anormal. Resultando de eso que el corrupto es el hombre cuerdo, y el hombre que se rige por la probidad es el loco. Patas arriba. La escuela del mundo al revés, es el título de un libro de Eduardo Galeano, y es un reflejo fiel, aunque doloroso, de nuestra realidad (nacional) y de nuestra Universidad y Facultad. Repito aquí una pregunta de moda: “¿Resulta tan difícil caminar derecho?”

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