«Si no vives para servir, no sirves para vivir»
es el lema de los blogs de Julio Carmona
(editados con la colaboración de Juan Víctor Alfaro):
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Fujimori dejó gobernar a los empresarios y al FMI, quienes
a partir de ahí reordenaron las normas relativas al contrato
de trabajo  a favor de los empresarios y contra de los trabajadores

(El profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Rendón Vásquez, repasa en este artículo la forma cómo en el Perú los trabajadores dejaron de gozar de los beneficios que les otorgaba la ley, para ser sólo “máquinas” al servicio del empresariado).

Hacia el fin de la década del ochenta, los trabajadores peruanos gozaban de un conjunto de derechos sociales que les permitían un nivel de vida en ascenso, pese a los estragos de la astronómica inflación de ese quinquenio.

La marcha hacia esos derechos se había iniciado con la jornada de ocho horas, arrancada al gobierno oligárquico de José Pardo, en enero de 1919, con una histórica huelga. Desde entonces, la penosa y constante acción de los trabajadores, respondida por los empresarios y sus gobiernos con una sistemática persecución, la prisión, las torturas y, en no pocos casos, la muerte de los militantes sindicales, fue dejando como saldo nuevos derechos sociales.

Con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el cuadro de derechos laborales, individuales, colectivos y de seguridad social, se amplió considerablemente, con lo cual los trabajadores incrementaron su poder de compra e impulsaron el crecimiento de la producción nacional.

La contraofensiva de los empresarios comenzó con el gobierno de Morales Bermúdez a partir de agosto de 1975, pero fue detenida con la Constitución de 1979.

Se reanudó en 1990 con el programa electoral del candidato a la Presidencia de la República Mario Vargas Llosa, en el que se proponía lisa y llanamente suprimir la mayor parte de derechos sociales, y someter la fuerza de trabajo a las reglas del mercado, aplicando las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tratando de defenderse, los trabajadores votaron en la segunda vuelta por el candidato rival, Alberto Fujimori, quien, gracias a ellos, ganó. Pero Fujimori no cumplió su palabra y, por el contrario, aceptó el apoyo de los empresarios, que habían respaldado al ahora Premio Nobel, y su programa neoliberal y flexibilizador. Los dejó gobernar y los derechos sociales comenzaron a caer entre agosto de 1990 y diciembre de 1991, con el consentimiento casi unánime de los grupos parlamentarios. De ese período es el Decreto Legislativo 728 que reordena las normas relativas al contrato de trabajo a favor de los empresarios.

Pero, como la campaña antilaboral no era todo lo rápida que los empresarios exigían, Fujimori, impulsado por ellos y con la activa participación de la cúpula militar se aventuró a dar el golpe de estado de abril de 1992. Luego, los empresarios y sus testaferros ya en el control del Estado les sacaron a los trabajadores el resto de sus derechos sociales más importantes. Cayeron la estabilidad laboral, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad, la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta y ocho, y el pago por horas extras, la participación patrimonial en la empresa; los poderes del empleador para extender la duración del trabajo, trasladar al trabajador, sacarle el descanso en domingo, y sancionar fueron ampliados; se generalizó el alquiler de trabajadores con los “services” y la tercerización, etc. etc.. Económicamente todo esto les sustraía a los trabajadores una parte de su poder de compra y lo transfería a los empresarios como ganancias. Las dictaduras se implantan para eso.

Luego de la fuga de Fujimori al Japón en noviembre del 2000, los dos gobiernos siguientes les señalaron a los dirigentes de las centrales sindicales “la concertación social” como el procedimiento para recuperar los derechos sociales perdidos. Ingenuamente esperanzados, los dirigentes sindicales fueron a sentarse en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo. Ninguno quiso escuchar la voz del sentido común que les gritaba que los empresarios jamás consentirían perder allí lo que habían logrado imponer durante el gobierno de Fujimori. Seis años después, de esas conversaciones privadas salió un proyecto de Ley General del Trabajo con el festivo aplauso de los ministros y funcionarios de Trabajo. Todos ellos decían orgullosamente que se había logrado aprobar por consenso el 85% del articulado.

Recién en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, el dichoso Proyecto pudo ser conocido por quienes no habían participado en su redacción. Las cúpulas sindicales habían admitido por consenso casi todas las normas dadas por el gobierno y el parlamento de Fujimori.

La resistencia al Proyecto vino de un grupo de dirigentes sindicales y de algunos juristas empeñados en la defensa de los trabajadores. Parte de esta campaña fueron mis Observaciones puntuales a los artículos del Proyecto perjudiciales a los trabajadores, en un estudio de cuarenta páginas que no pudo ser refutado.

Era tan aberrante la convalidación de la legislación antilaboral de la década de Fujimori que contenía el Proyecto que numerosos congresistas se negaron a tramitarlo y quedó bloqueado entre la Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso desde 2007. Sin embargo, el peligro no estaba conjurado.

En agosto del presente año, el nuevo Presidente de la Comisión de Trabajo declaró que haría aprobar el Proyecto de Ley General del Trabajo y dispuso que sus asesores lo rescataran del archivo. Las cúpulas sindicales manifestaron su conformidad en una reunión llevada a cabo en el auditorio José Pardo y Aliaga, el 22 de octubre, ante un bullicioso grupo de trabajadores que esperan ser repuestos en los organismos del Estado y que desconocían para que los habían reunido. De nuevo se invitó a algunos abogados empresariales a la Comisión de Trabajo del Congreso y se evitó la presencia de los dirigentes sindicales y abogados laboralistas en desacuerdo con el Proyecto.

Aun cuando se ignore el significado de una ley general, cualquier persona puede advertir que, aprobado ese Proyecto por el Congreso, recuperar los derechos laborales arrebatados a los trabajadores con su articulado tomará de unos veinte a treinta años. Es también claro que la restitución de esos derechos debería haber comenzado hace mucho, con la modificación de cada ley que los elimina.

El Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso pertenece, al parecer, al Partido Nacionalista. ¿Es ésta la posición de este Partido, distinta de su Propuesta para las elecciones de 2011, publicada hace unos días, o ese representante actúa por cuenta propia movido desde las sombras por algún grupo?

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